- La iniciativa busca actualizar normas que regulan el sistema de educación superior o que lo impactan, y cuyo objetivo es adecuar la estructura del sistema frente a los desafíos actuales.
El pasado miércoles, el Ejecutivo ingresó al Senado el proyecto de ley que establece ajustes para la modernización de la educación superior en ambos subsistemas –universitario y técnico profesional-, respondiendo a los desafíos actuales de sostenibilidad, pertinencia territorial y mejorar la articulación entre el mundo académico y el mercado laboral.
El proyecto, que se enmarca en la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior presentada en noviembre de 2025, propone, entre otros temas, flexibilizar requisitos académicos para el acceso a cargos públicos. Para ello, plantea modificar el Estatuto Administrativo, estableciendo que los requisitos para trabajar en el Estado no podrán contemplar la exigencia de que la duración de una carrera sea superior a ocho semestres. Esto permitirá que las instituciones, en el marco de su autonomía, adecúen la duración de sus programas de estudio.
Además, se proponen ajustes para modernizar la estructura de gobernanza de los Centros de Formación Técnica Estatales, perfeccionando su estructura de gobierno interno, regulando de manera más precisa las funciones del Directorio y del Rector, creando instancias de coordinación nacional entre rectores y estableciendo una Contraloría Interna en cada institución. Asimismo, se refuerza la vinculación estratégica con el desarrollo productivo regional y con las políticas públicas del sector.
En la misma línea, el proyecto propone consolidar el Marco de Cualificaciones y el Sistema de Créditos Transferibles a través de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), con el fin de articular la educación y el empleo en la educación técnico profesional. Además, se busca fortalecer la implementación de la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional a través de la incorporación de criterios territoriales y objetivos macrozonales, asegurando mayor coherencia entre la política pública y las necesidades productivas y sociales de las distintas regiones del país.
El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, relevó la importancia de esta iniciativa, y señaló que “tener una mayor articulación entre formación y empleo es fundamental para el desarrollo del país. Robustecer los CFT Estatales, tener carreras que sean sostenibles con el territorio y el futuro, contar con sistemas nuevos de gobernanza y al mismo tiempo, conservar la autonomía de cada institución es parte de las mejoras necesarias para que Chile siga avanzando”.
La autoridad agregó que la iniciativa recoge el trabajo desarrollado con actores del sistema, rectores y rectoras de CFT estatales y representantes del mundo productivo, y que constituye un paso clave para consolidar una gobernanza sistémica de la educación superior con visión de largo plazo.
Con este ingreso, el Ejecutivo busca avanzar en la modernización integral del sistema, fortaleciendo su capacidad para generar valor público, desarrollo territorial y oportunidades para las personas en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y productivos.
