Durante la jornada de este jueves, el senador Juan Luis Castro presentó una solicitud de pronunciamiento ante la Contraloría General de la República (CGR) para que se determine la legalidad de la suspensión de la ley Ricarte Soto, situación que mantiene detenido el proceso de evaluación de 39 terapias y afecta a más de 30 mil pacientes.
En la instancia, el parlamentario formuló duras críticas a la decisión del Ministerio de Salud (Minsal), asegurando que “hoy se les están negando los recursos a 30 mil pacientes que quedan a la deriva, en un silencio cómplice que traslada el problema al próximo gobierno”.
La resolución cuestionada no establece un plazo para la reanudación del procedimiento y, a la fecha, mantiene en suspenso la evaluación de 39 terapias de alto costo, impactando a más de 30 mil personas. Frente a este escenario, el senador solicitó a la Contraloría emitir un pronunciamiento respecto de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.
De acuerdo con la denuncia, ha transcurrido un mes desde la paralización del decreto, la cual quedó supeditada a la emisión de un informe de disponibilidad presupuestaria por parte del Ministerio de Hacienda.
En su presentación, Castro pidió al organismo fiscalizador que emita un pronunciamiento jurídico y audite el procedimiento administrativo para verificar el cumplimiento de las etapas establecidas. Asimismo, solicitó que se revise la actuación del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos, respecto del informe pendiente, y que se determinen eventuales responsabilidades administrativas.
Pacientes se suman a la denuncia
El senador realizó la presentación acompañado de pacientes afectados por la suspensión, quienes manifestaron su respaldo a la acción.
La directora de la Fundación Me Muevo (artritis reumatoide), Cecilia Rodríguez, señaló que “la incertidumbre se ha intensificado por la falta de avances concretos”. En tanto, el director de Fundación Padece, quien vive con dermatitis atópica grave desde su nacimiento, sostuvo que “sabemos que existen medicamentos que pueden mejorar nuestra calidad de vida, pero seguimos sin respuestas. Sin ellos, vivir el día a día como una persona normal es extremadamente difícil”.
Finalmente, la presidenta de Fundación Espondiloartritis Chile, Natalia González, afirmó que “no estamos pidiendo favores, solo igualdad en el acceso a medicamentos para poder seguir trabajando, estudiando y aportando al país”. La dirigenta fue diagnosticada hace 12 años y actualmente financia su tratamiento con recursos propios.
