Este 1 de enero de 2026 entra en vigencia plena la Ley 21.180 sobre Transformación Digital del Estado, que establece la obligación para todas las instituciones públicas, incluyendo a los municipios, de gestionar electrónicamente sus procedimientos administrativos. Esto implica operar con expedientes digitales, notificaciones electrónicas y trámites accesibles en línea como norma legal, no como opción. El plazo se agota: quedan solo 24 días para que las municipalidades estén 100 por ciento adaptadas a este nuevo paradigma de gestión pública.
La norma, promulgada en 2019, representa uno de los pilares del proceso de modernización del Estado chileno, buscando eficiencia, transparencia y cercanía con la ciudadanía. Sin embargo, y pese al avance de algunos territorios, la implementación no ha sido homogénea. Algunos municipios ya operan con plataformas digitales robustas y procesos automatizados, mientras otros siguen sin condiciones mínimas. Carecen de conectividad adecuada, infraestructura tecnológica, personal capacitado y recursos para completar la transición digital. Esta disparidad, de mantenerse, amenaza con profundizar una brecha estructural entre comunas con mayor y menor capacidad de modernización.
Desde una perspectiva técnica y de gestión pública, Andrés Roldán Grez, experto en innovación institucional y fundador de Estado Innova, advierte que el verdadero desafío de las municipalidades no es tecnológico, sino organizacional. “La transformación digital no se logra solo implementando sistemas o comprando equipamiento. Se trata de un cambio profundo en la forma en que el municipio se organiza, planifica y se relaciona con la ciudadanía. Requiere visión pública, liderazgo político y capacidad de gestión del cambio para que la tecnología tenga sentido y efecto”, señaló Andrés Roldán, subrayando la necesidad de una mirada integral en este proceso.
El riesgo es claro. Si no se acelera la implementación en las comunas más rezagadas, se consolidará una brecha digital estructural que dejará a miles de ciudadanos fuera del acceso a servicios públicos eficientes y modernos. Mientras algunos municipios ya operan con plataformas integradas y tramitación electrónica, otros aún gestionan documentos en papel, sin respaldo normativo ni mecanismos de trazabilidad. Esto representa una amenaza tanto para la transparencia como para la calidad de los servicios públicos.
No se trata solo de cumplir con un requisito legal, sino de transformar la manera en que el Estado se vincula con las personas. Un municipio digitalizado puede mejorar sustancialmente la atención ciudadana, reducir los tiempos de tramitación, fortalecer la participación local y optimizar sus recursos. Por el contrario, la falta de preparación puede exponer a las administraciones locales a sanciones legales, pérdida de legitimidad institucional y frustración social.
A pocos días del cambio normativo, la cuenta regresiva no es únicamente técnica, sino también política y social. La pregunta clave no es si se podrá cumplir la ley, sino si estamos construyendo un Estado digital verdaderamente equitativo, donde todos los municipios, independiente de su tamaño o ubicación, tengan la capacidad de ofrecer servicios dignos, modernos y accesibles a su ciudadanía.
